DE REALIDADES...¿Fomento a la lectura y el libro en la nueva ley?
Aline Torres
En días pasados (30 de abril de 2008), el Senado de la República aprobó la nueva Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Una ley que por el nombre luce prometedora y benéfica para el desarrollo del país, sobre todo si recordamos que los mexicanos sólo leen un promedio de 2.9 libros de acuerdo con el Programa Nacional de Cultura 2007-2012.
Si casi tres libros al año no resulta un indicador positivo, menos alentador resulta si tomamos en cuenta que de los lectores frecuentes sólo el 1% no ha recibido educación formal, es decir, la lectura es una actividad exclusiva de los sectores con estudios, sobre todo universitarios.
No hacen falta más datos para darse cuenta de que México requiere urgentemente un programa de promoción a la lectura. Desafortunadamente, la ley aprobada por el Senado es ambigua al respecto.
El Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, creado por mandato del artículo doce de la nueva ley, tiene un carácter meramente consultivo, es decir, propondrá ciertas políticas que impulsen el hábito de la lectura, la promoción del mercado del libro y la actividad editorial en general, sin embargo, no puede llevar a la practica dichas propuestas.
La participación activa del Consejo no sólo está limitada por su naturaleza jurídica, sino también por su carencia de presupuesto. Este fue uno de los puntos por los cuales el ex presidente Vicente Fox vetó la ley en el 2006.
LA Ley de Fomento para la Lectura y el Libro aprobada en abril de 2006 atribuía al Consejo la asignación de incentivos al fomento del hábito de leer. Vicente Fox, titular del ejecutivo en ese momento, objetó esta atribución con el argumento de que “el Consejo no es una unidad administrativa gubernamental con asignación de recursos en el presupuesto de egresos”.
Los senadores de la actual legislatura hicieron suya la observación del ex mandatario con lo cual se concretó la limitante de acción del Consejo. El caso es que México sigue sin tener un proyecto definido para impulsar la lectura.
Lo que quedó establecido en la ley vetada por Fox y que permanece en la recientemente aprobada es “el precio único”, es decir, que los editores están obligados a fijar el precio de cada libro que edite. Quienes se dediquen a la venta de libros deben aplicar este precio, no pueden darlo ni más caro, pero tampoco lo pueden dar más barato.
Más allá del argumento que manejaba Fox de que el “precio único” inhibe la libre competencia, lo cual afectaría a los distribuidores, queda el lector, quien ya no tendrá la opción de hacer su compra con quien le de mejor precio.
Es cierto, el consumidor tendrá la seguridad de que compre donde compre no le podrán vender un libro a un costo superior que en otros sitios, pero también está obligado a pagar determinada cantidad pues por más que busque no encontrara una oferta mejor como ocurre ahora.
En este sentido los lectores pierden, y quizá con el tiempo la industria editorial también pierda. EL consumidor tiene que sujetarse al costo que el editor quiera imponerle, pues la legislación no marca ningún tipo de restricción que evite que el editor establezca un precio excesivamente elevado en comparación con el costo de producción.
Los lectores al no poder hacer frente al “precio único”, inevitablemente acudirán a la piratería con las consecuencias obvias en perjuicio de la industria editorial, y si se va más allá los resultados serán, igualmente, en detrimento de los autores y la creación literaria. Porque si bien es cierto que los escritores tienen una necesidad innata de redactar, también es cierto que hacer una novela o una serie de cuentos lleva tiempo durante el cual el autor también come.
Finalmente, la cereza de la ley es la exclusiva que otorga, por medio del artículo 27, a los competidores, profesionales de la edición y difusión del libro, los autores y organización de defensa de los derechos de autores, para denunciar a quienes no respeten el “precio único”. ¡y el lector, que es quien realmente sufriría en caso de abuso? Entonces ¿dónde queda el fomento?
En días pasados (30 de abril de 2008), el Senado de la República aprobó la nueva Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Una ley que por el nombre luce prometedora y benéfica para el desarrollo del país, sobre todo si recordamos que los mexicanos sólo leen un promedio de 2.9 libros de acuerdo con el Programa Nacional de Cultura 2007-2012.
Si casi tres libros al año no resulta un indicador positivo, menos alentador resulta si tomamos en cuenta que de los lectores frecuentes sólo el 1% no ha recibido educación formal, es decir, la lectura es una actividad exclusiva de los sectores con estudios, sobre todo universitarios.
No hacen falta más datos para darse cuenta de que México requiere urgentemente un programa de promoción a la lectura. Desafortunadamente, la ley aprobada por el Senado es ambigua al respecto.
El Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, creado por mandato del artículo doce de la nueva ley, tiene un carácter meramente consultivo, es decir, propondrá ciertas políticas que impulsen el hábito de la lectura, la promoción del mercado del libro y la actividad editorial en general, sin embargo, no puede llevar a la practica dichas propuestas.
La participación activa del Consejo no sólo está limitada por su naturaleza jurídica, sino también por su carencia de presupuesto. Este fue uno de los puntos por los cuales el ex presidente Vicente Fox vetó la ley en el 2006.
LA Ley de Fomento para la Lectura y el Libro aprobada en abril de 2006 atribuía al Consejo la asignación de incentivos al fomento del hábito de leer. Vicente Fox, titular del ejecutivo en ese momento, objetó esta atribución con el argumento de que “el Consejo no es una unidad administrativa gubernamental con asignación de recursos en el presupuesto de egresos”.
Los senadores de la actual legislatura hicieron suya la observación del ex mandatario con lo cual se concretó la limitante de acción del Consejo. El caso es que México sigue sin tener un proyecto definido para impulsar la lectura.
Lo que quedó establecido en la ley vetada por Fox y que permanece en la recientemente aprobada es “el precio único”, es decir, que los editores están obligados a fijar el precio de cada libro que edite. Quienes se dediquen a la venta de libros deben aplicar este precio, no pueden darlo ni más caro, pero tampoco lo pueden dar más barato.
Más allá del argumento que manejaba Fox de que el “precio único” inhibe la libre competencia, lo cual afectaría a los distribuidores, queda el lector, quien ya no tendrá la opción de hacer su compra con quien le de mejor precio.
Es cierto, el consumidor tendrá la seguridad de que compre donde compre no le podrán vender un libro a un costo superior que en otros sitios, pero también está obligado a pagar determinada cantidad pues por más que busque no encontrara una oferta mejor como ocurre ahora.
En este sentido los lectores pierden, y quizá con el tiempo la industria editorial también pierda. EL consumidor tiene que sujetarse al costo que el editor quiera imponerle, pues la legislación no marca ningún tipo de restricción que evite que el editor establezca un precio excesivamente elevado en comparación con el costo de producción.
Los lectores al no poder hacer frente al “precio único”, inevitablemente acudirán a la piratería con las consecuencias obvias en perjuicio de la industria editorial, y si se va más allá los resultados serán, igualmente, en detrimento de los autores y la creación literaria. Porque si bien es cierto que los escritores tienen una necesidad innata de redactar, también es cierto que hacer una novela o una serie de cuentos lleva tiempo durante el cual el autor también come.
Finalmente, la cereza de la ley es la exclusiva que otorga, por medio del artículo 27, a los competidores, profesionales de la edición y difusión del libro, los autores y organización de defensa de los derechos de autores, para denunciar a quienes no respeten el “precio único”. ¡y el lector, que es quien realmente sufriría en caso de abuso? Entonces ¿dónde queda el fomento?
