El Estado tomó la dirección del organismo descentralizado hace 40 años, de este período casi 30 años corresponden a administraciones neoliberales que no han tenido interés en hacer de la compañía una entidad productiva.
Al gobierno de Calderón le tocan tres años de responsabilidad. Tres años en los cuales no quiso impulsar la modernización técnica, administrativa y de los servicios públicos de la paraestatal. Con la liquidación de LyFC reconoce su falta de interés en la materia.
El gobierno aprovecho las disputas internas del Sindicato Mexicano de Electricistas para declarar la a extinción de LyFC. El decreto de Calderón da continuidad al proceso de privatización del sector eléctrico iniciado en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
En 1992 Salinas modificó la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. Los cambios incluyeron la creación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la figura del autoabastecimiento, por la cual se otorga permiso a los particulares para generar energía eléctrica.
Las licencias que otorga la CRE son ilegales. La Constitución Política de México establece en su artículo 27 párrafo sexto que corresponde a la nación generar, transmitir, trasformar y distribuir energía eléctrica que tenga por objeto el servicio público. En esta materia no se otorgaran concesiones a los particulares.
Sin embargo, la CRE otorga contratos que permiten la compra y consecuente operatividad de plantas generadoras de energía eléctrica por cuenta particulares que venden el fluido bajo el esquema de autoabasto.
Además los permisionarios obtienen la garantía de comprar a un precio inalterable el gas natural --insumo básico de las plantas de ciclo combinado-- independientemente de su precio en el mercado. Es decir, si se dan variables en el precio del gas éstos aumentos serán absorbidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mientras que, las transnacionales, estarán blindadas en sus ganancias pues, además los contratos, establecen el compromiso de la CFE en la compra de los excedentes en generación de los privados se requieran o no.
Hasta el 2007, la información de los permisos privados indicaba que, son un total de 556
permisos otorgados por la CRE. La capacidad eléctrica instalada correspondiente a esas licencias asciende a 22,930 MW. De ese total, 12,557 MW corresponden a la figura de Productor Privado Independiente (PIE) con 21 permisos. Es decir, se trata de permisos grandes. Otros 5,881 MWcorresponden a la figura de Autoabastecimiento con 443 permisos.
Entre las licencias otorgadas por la CRE se encuentra la otorgada al Grupo Energético de México propiedad del textilero, José Kamel Nacif Borge (protagonista del caso de pederastia documentado por la periodista Lidia Cacho, y protegido del gobernador de Puebla Mario Marín), para la adquisición y operación de la hidroeléctrica “Santa Gertrudis” ubicada en Ciudad Mendoza, Tamaulipas.
Claudio X. González, integrante del Consejo de Administración de Televisa, y su socio José Córdoba Montoya, coordinador de la oficina de la Presidencia durante el gobierno de Salinas, también fueron beneficiados por la CRE.
Claudio X. González, ex asesor de Salinas, ha sido acusado por Andrés Manuel López Obrador de estar detrás del embate contra Luz y Fuerza del Centro.
Para lograr que los trabajadores de LyFC abandonen la defensa de su fuente de trabajo, el Ejecutivo decidió otorgar una compensación a quienes acepten su liquidación en el plazo de un mes.
El costo de liquidar la paraestatal será de 20 mil millones de pesos, anunció en secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustin Cartens. La cifra equivale a la tercera parte de lo que el erario captaría por el impuesto del 2% destinado a combatir la pobreza.
Los recursos saldrán de partidas presupuestales ya preparadas, algunas están asociadas a recursos que se pueden utilizar en caso de que puedan haber reestructuras a empresas y ajustes de personal en cuyo caso se obtenga un ahorro al ejecutar.
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